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               La reforma del sector público  | 
            
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        La "Reforma del Sector Público" es un eslogan que se
        mantiene en la discusión económica desde hace dos décadas. Esto se
        debe a los muchos obstáculos que se encuentran en el camino para su
        implementación (tanto en los países desarrollados como en vías de
        desarrollo); sin embargo la importancia de este tema no es cuestionada.
        El inicio del debate sobre la reforma de la administración municipal
        fue marcado por la reducción de los fondos públicos. Muchas
        administraciones locales tuvieron que enfrentar los desequilibrios
        financieros producidos por el incremento en la demanda de servicios, que
        los ciudadanos locales esperaban recibir de las autoridades, y a la
        misma vez la disminución de los fondos necesarios para producir éstos.
        Como una primera respuesta a estos desequilibrios, muchas autoridades
        locales trataron (y siguen tratando) de disminuir los gastos. Se
        despidió a los empleados públicos, se redujeron las inversiones en
        infraestructura, y se cancelaron los servicios considerados "no
        esenciales" (como el de las bibliotecas públicas). Por otro lado,
        se trató de incrementar los ingresos públicos. Los precios, cuotas y
        tarifas para los servicios públicos fueron elevados y en la medida de
        lo posible, se trató de conseguir otros fondos públicos a nivel
        nacional y federal.
        Sin embargo, fue obvio que esta estrategia era muy defensiva. Los
        gobiernos locales que exclusivamente aplicaron esta receta corrieron el
        riesgo de provocar una espiral hacia abajo: la disminución en la
        calidad de los servicios así como un incremento en sus precios elevaron
        los costos de producción para las empresas locales y redujeron el
        atractivo de la localidad para los inversos externos que querían
        iniciar un negocio en la comunidad en cuestión. En consecuencia, con un
        cierto rezago de tiempo, el crecimiento económico se volvió más lento
        y disminuyó aún más la base tributaria agravando la situación de las
        finanzas locales.
        Como resultado de esta experiencia surgieron nuevos
        conceptos bajo el título de la Nueva Gestión Pública, los cuales
        tratan de mejorar la eficiencia y efectividad de la administración
        pública. La eficiencia significa producir un conjunto determinado de
        bienes o servicios con menos recursos, mientras que la efectividad
        intenta producir más servicios y bienes con una cantidad determinada de
        recursos. Por ejemplo, en el caso de la biblioteca pública mencionada,
        uno mejora su eficiencia si se mantiene su funcionamiento normal pero
        solo con uno en vez de dos bibliotecarios. Por el otro lado, uno mejora
        su efectividad, si puede duplicar el horario de atención sin tener que
        recurrir a más personal.
        De manera general, la filosofía de la nueva gestión pública
        consiste en importar conceptos del mundo de los negocios e introducirlos
        en la administración local. En este contexto son esenciales los
        siguientes aspectos:
        
          - Una orientación hacia los resultados: Tradicionalmente los
            empleados públicos trabajan de acuerdo a reglas administrativas, y
            tratan de seguirlas de la manera más correcta posible. Estas reglas
            generalmente definen procedimientos. Por ejemplo, la expedición del
            número de registro para un auto depende de si el solicitante
            presenta su tarjeta de identificación, su licencia de conducir y
            otros documentos. No es de interés si la calidad y la rapidez del
            proceso satisfacen las expectativas del ciudadano local, lo que
            importa es que se siga el proceso (los insumos) y lo que se logra de
            él (el resultado). Bajo el nuevo concepto de la nueva gestión
            pública, la situación cambia: los resultados son metas que tienen
            que ser alcanzadas, tales como "100 nuevos puestos de trabajo
            creados en la comunidad" o "500 registros de autos por
            mes". De esta manera cambia el punto de vista: el foco de las
            actividades administrativas ahora son los beneficios para la
            comunidad, mientras que anteriormente el foco estaba en el
            cumplimiento de procedimientos burocráticos.
 
        
      
        
          - La orientación hacia los clientes y la participación de los
            ciudadanos: Este aspecto está estrechamente relacionado al
            anterior. Bajo el concepto de la nueva gestión pública, la
            orientación hacia los clientes significa que los usuarios de los
            servicios ofrecidos por las administraciones locales son vistos como
            clientes. Y como dice el dicho "el cliente es el rey",
            esto resulta en una mejor posición o en un mayor poder por parte de
            los usuarios de los servicios. Una persona en calidad de cliente
            puede demandar una buena y puntual provisión de servicios (tal como
            ocurre en la empresa privada), esto es mucho más difícil si para
            él como un ciudadano ordinario que utiliza los servicios que los
            representantes locales o el estado generosamente le presta. La
            participación de los ciudadanos tienen un mayor alcance. Esta
            participación implica por ejemplo que la población local tiene voz
            en las decisiones sobre los planes de desarrollo local en el sector
            de inmuebles o la construcción de nuevos caminos. La participación
            da como resultado mejoras en los procesos de planeamiento, conforme
            se van movilizando conocimiento local y las ideas y esto eleva la
            efectividad de las agencias locales de implementación. También
            crea consenso con respecto a decisiones importantes y mejora la
            legitimidad de las autoridades municipales.
 
        
       
        
          - La descentralización de la toma de decisiones en la
            administración local: La descentralización puede significar
            varias cosas. En este contexto, se refiere a los procesos internos
            de toma de decisiones dentro de las administraciones locales. Por lo
            general, las competencias técnicas y financieras están separadas.
            Por lo tanto la decisión con respecto a iniciar un programa para
            nuevas empresas locales no la toma el jefe del departamento del
            desarrollo económico local, sino el tesorero o una comisión con
            poder de decisión sobre los recursos financieros. Estos procesos
            son con frecuencia lentos y engorrosos. Bajo los nuevos conceptos
            reformistas, se unen las competencias técnicas y financieras. En
            nuestro ejemplo, esto significa que el departamento de desarrollo
            económico local cuenta con un prepuesto global y puede tomar
            decisiones independientes sobre la utilización de estos recursos
            (pero dentro de los límites de su presupuesto y en concordancia con
            las políticas del gobierno local). Esto tiene el objetivo de
            acelerar los procesos, mejorar la calidad de la toma de decisiones y
            de motivar al personal de la administración local.
 
        
             
          - El manejo de contratos: En la mayoría de los países
            desarrollados, así como en algunos en vías de desarrollo, muchos
            servicios públicos típicos, tales como la recolección de cuentas
            morosas, solían ser prestados por entidades que eran de propiedad
            directa de la administración local. Sin embargo, en años recientes
            la "externalización" de los servicios se ha convertido en
            un instrumento bastante popular: ciertos servicios son ahora
            brindados por empresas privadas que actúan en representación de la
            administración local. El objetivo que se quiere lograr con esto es
            una mayor eficiencia (porque las empresas privadas trabajan bajo
            condiciones de competencia y actúan con más flexibilidad) y una
            mayor efectividad (ya que las empresas privadas tratan de mantener
            su posición en el mercado a través de la satisfacción de sus
            clientes). Por esta razón la gestión de los contratos se ha
            convertido en una tarea importante de la administración local. Esto
            incluye una clara definición de los términos de referencia, la
            duración, los informes, la calidad de los indicadores y los
            recursos financieros disponibles para la tarea. Además, después de
            cerrar un contrato es necesario monitorear las actividades -observar
            la calidad y la rapidez de su implementación.
 
        
        En teoría lo escrito en los párrafos anteriores suena bastante
        lógico. Sin embargo, al momento de implementar esto, surgen serias
        limitaciones y dificultades que tienen que ser superadas para que las
        reformas tengan éxito:
        Una limitación está relacionada con el desarrollo de los recursos
        humanos. Los empleados públicos, quienes estaban acostumbrados a seguir
        órdenes, se tienen que transformar en personas que actúan
        responsablemente y que tienen que tomar decisiones reales. Para poder
        lograr esto, uno tiene que crear una nueva cultura de tipo empresarial
        dentro de las administraciones locales, y que necesita ser apoyada por
        los niveles administrativos más altos. Sin embargo, no sólo se tiene
        un problema de cultura. La gente tiene que ser capacitada en técnicas
        que no conocían anteriormente. Por ejemplo, si la responsabilidad
        presupuestal es realmente descentralizada dentro de la administración,
        entonces los jefes del departamento y su personal tienen que ser
        capacitados en contabilidad, cálculo de costos y temas legales.
        Otra limitación tiene que ver con la participación dentro de la
        administración local. Cualquier reforma enfrenta una resistencia y en
        este caso más aún, ya que cambia los equilibrios de poder. Una buena
        forma de lograr consenso, crear alianzas entre aquellos que están a
        favor de las reformas e imponerse sobre los que están en contra, es
        permitir la participación del personal de la administración local en
        el proceso de la reforma. Se puede, por ejemplo, organizar un seminario
        para informar sobre los objetivos de la reforma y pedir a los
        participantes que formulen propuestas sobre la mejor forma para
        lograrlos, cuándo empezar con estas, que prioridades establecer, entre
        otras cosas.
        Una tercera limitación se relaciona con la gestión de los
        contratos. Contratar a una empresa no conduce a una mayor eficiencia y
        efectividad, en la provisión de los servicios, si el mercado no
        funciona. Si la empresa obtiene un contrato sólo porque su jefe es un
        buen amigo del director del departamento, entonces los resultados pueden
        ser totalmente opuestos. Es recomendable, a partir de una cierta suma
        contractual, realizar una licitación pública y dejar que sea una
        comisión y no una sola persona la que tome la decisión sobre el
        ganador de ésta. Esto crea competencia y transparencia.
        Por ultimo, reformar las instituciones públicas es siempre una tarea
        difícil y uno puede tender a quedarse atascado en detalles o en ciertos
        aspectos que no funcionan bien. En ciertos momentos, uno no verá el
        bosque completo sino solo los árboles. Es decir se pierde la visión
        completa del proceso. Para evitar esto, tiene que haber un plan bastante
        ambicioso pero realista, que fije diversos parámetros para el cambio
        (por ejemplo: "A fines de año se debe contar con una ventanilla
        única para los empresarios operando al 100%), y que tiene que ser
        monitoreado continuamente.
        Para mayor información sobre la reforma del sector público
        revise el siguiente documento:
        
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